Publicación
del jueves 19 de noviembre de 1998
Frutos
de la Revolución
El
fin de la economía moral
Lorenzo
MEYER
El
sentido de la injusticia.- Una manera de explicar la revolución de 1910 es ligar su estallido a la crisis económica
que tuvo lugar tres
años antes, en 1907. Se trata de una explicación
mecánica, pobre y que no hace justicia a los esfuerzos,
sacrificios y objetivos
de quienes participaron en una lucha que iba a marcar a
todo el resto de nuestro siglo. Si las crisis económicas
bastaran para producir revoluciones, el PRI habría desaparecido poco
después de 1982,
lo que no es el caso. Y es que las revoluciones y
rebeliones son fenómenos muy complejos, donde las variables
son muchas y difíciles
de definir, y donde se combinan factores
económicos con otros, tan o más importantes, de naturaleza
cultural y ética.
La indignación moral es un elemento necesario aunque no suficiente, de cualquier insurgencia social.
En ciertas sociedades, antes de que existiera la moderna
economía de mercado hubo otra economía que obedecía a una
lógica distinta.
En ese tipo de economía, y a los ojos de las clases
subordinadas, el poder público y las clases dominantes
tienen la obligación de preservar un mínimo de protección para las formas
de vida de los que
se encuentran en la base de la pirámide social. Se
trata de un compromiso de orden superior y propio de una
relación paternalista.
Por ello, cuando unilateralmente las clases
dirigentes dejan de cumplir el acuerdo histórico como resultado, por ejemplo, del avance del capitalismo, la reacción de los
afectados es la propia de los ofendidos. Al dejar que sea
la ley de la oferta
y la demanda la que moldee las condiciones de vida de los pobres en las épocas de escasez y crisis, éstos pueden considerar
que sus superiores sociales y principales beneficiarios
del arreglo existente
han renegado unilateralmente de su compromiso y por eso
han perdido su legitimidad.
Para la explicación de los estallidos de violencia popular
en la Inglaterra del siglo XVIII, un historiador inglés, E. P.
Thompson, propuso tomar en cuenta la existencia de lo que
él llamó una economía
moral. Se trató de un arreglo paternalista que en
épocas de crisis agrícolas obligaba a las clases propietarias
y a los gobernantes
a moderar o, de plano, en situaciones extremas, sacrificar las posibilidades de lucro en aras de evitar la
agudización de las condiciones de penuria y hambre de los
trabajadores en el campo y las villas. Sin embargo, con
la adopción por parte
de los grupos dominantes de los principios del
liberalismo -particularmente debido a las influyentes ideas
de Adam Smith-, el
viejo sentido de responsabilidad frente a los
subordinados fue desapareciendo. Así, en tiempos de escasez
se permitió que fuera
el mercado y sólo el mercado el que decidiera
quién iba a conseguir el alimento básico -el grano, la
harina y el pan-,
a qué precio y en qué condiciones y cantidad. Roto ese
antiguo acuerdo, los subordinados tuvieron elementos que
consideraban justos y necesarios para insubordinarse (Customs
in Common. Studies in Traditional Popular Culture, Nueva York, The New Press, 1993).
Al estudiar con detalle esos estallidos de la furia popular
inglesa del siglo XVIII, Thompson llegó a esta simple,
pero importante conclusión: la miseria, el hambre misma, no es
suficiente para explicar la reacción violenta y destructiva
de los grupos populares.
Para que esa violencia social estallase se necesitaba, además, otro elemento: la convicción de que "los
de arriba" habían
decidido romper el pacto de solidaridad mínima
existente con "los de abajo".
En México.- En el México de la época colonial madura había
un arreglo de corte
paternalista, no muy eficiente, pero que, en
principio, contaba con un mecanismo de economía moral similar
a la estudiada por
Thompson para hacer frente a las épocas de crisis agrícolas. En principio, por ejemplo, el sistema de alhóndigas
o depósitos de granos
tenía, entre otros objetivos, usar los años de
vacas gordas para almacenar y luego poder distribuir por
vía de la autoridad
el grano escaso y así aminorar los efectos entre la
población menesterosa de los inevitables años de escasez.
La independencia
fue acabando con ese arreglo y, conforme avanzó el
siglo XIX, poco fue quedando del paternalismo estatal y
la filantropía privada
no estaba en posibilidad de ocupar el vacío.
El siglo XIX mexicano fue uno donde dominó el esfuerzo
por hacer prevalecer
la lógica del mercado, aunque más en relación con
los trabajadores y menos en relación con los intereses
de la oligarquía.
Obreros y peones fueron tratados más como mercancía que
como la parte medular de la nación en construcción, de
esa comunidad imaginada
llamada México.
El efímero régimen imperial de Maximiliano fue el último
intento por revivir el sentido de responsabilidad de los
gobernantes hacia los gobernados en el sentido colonial.
La República Restaurada
y el Porfiriato fueron, o quisieron ser, borrón y cuenta nueva. A partir de entonces, la relación entre
individuos, grupos y clases cada vez más se rigió por relaciones
de corte capitalista,
es decir, de mercado. En sus aspectos más
populares -el zapatismo y en menor medida el villismo-,
la Revolución Mexicana
terminó por ser una respuesta desde abajo a lo
que se interpretaba como una violación al sentido profundo
de justicia: el despojo
de los viejos derechos de las comunidades
sobre sus tierras en beneficio de haciendas en proceso
de modernización
y expansión. Lo mismo les ocurrió a los integrantes
de las antiguas colonias militares del norte: los presidentes
Juárez y Díaz les
habían dado tierras y privilegios a cambio de combatir "al indio bárbaro". Sin embargo, al desaparecer
el peligro apache
tras la rendición de Jerónimo y aparecer el ferrocarril, las tierras de esas colonias fueron, sin mucha ceremonia, puestas
en el mercado sin
hacer caso de las protestas de los colonos, que a esas
alturas pasaron a ser una mera reliquia del pasado violento
de la frontera.
¿La
Revolución, como el retorno de la economía moral?- El
movimiento armado de 1910 terminó por proponer para México
la construcción de
un orden no liberal, de una economía no enteramente
supeditada a los dictados del mercado.
En efecto, la Constitución del 17 fue un documento con
principios no siempre compatibles con los valores y principios
de la oferta y la
demanda. Así, el documento fundamental sustrajo del
mercado a las tierras ejidales en una época en que la tierra
era la principal fuente de sustento para las clases populares, luego
le dio al trabajo
asalariado una serie de derechos para evitar que el
capital lo tratara como una simple mercancía. La nueva
Constitución dejó
bien establecida que la propiedad privada era un derecho
relativo, no absoluto, y que debía siempre supeditarse
a las necesidades de la comunidad, es decir, de la mayoría.
Con el paso del tiempo, México ahondó su desarrollo capitalista y la lógica que ese proceso exigía, pero al mismo tiempo el
grupo gobernante
fue ampliando sus compromisos con las clases
mayoritarias, corrigiendo parcialmente la distribución
desigual de los beneficios
propia del capitalismo con medidas derivadas de
principios superiores de justicia. A la educación gratuita
y obligatoria al nivel elemental se le añadiría con el paso del
tiempo la intermedia. El Seguro Social y el Issste significaron
el compromiso de
dar al grueso de la población trabajadora el derecho
a la salud y a una vejez digna.
Ceimsa primero y luego Conasupo fueron presentadas como
la modernización
y extensión de la vieja alhóndiga: la regulación de la
distribución de los alimentos de primera necesidad en beneficio
de las mayorías. En los sesenta se puso en práctica el
reparto de utilidades, luego apareció el Infonavit para hacer efectivo
el derecho a la vivienda,
más tarde el Coplamar, el Sistema
Alimentario Mexicano, etcétera.
La nacionalización de los ferrocarriles, la expropiación petrolera primero y la de la industria eléctrica después, fueron
otra faceta del supuesto compromiso del gobierno y del
régimen mismo con
la sociedad mexicana para, entre otras cosas, proveerla
de transportes y energía no a precios del mercado, sino
a los requeridos
por el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y la
lista de todo eso que llegó a constituir la red de seguridad
de la sociedad mexicana
se puede extender a compromisos que incluían
créditos blandos a los ejidatarios, préstamos a tasas muy
bajas a los trabajadores
y derechohabientes del IMSS y del Issste, etcétera.
La realidad.- La famosa "economía mixta" de la
postrevolución, así
como sus "políticas sociales", nunca cumplieron realmente
con la promesa del
discurso revolucionario, aunque bajo el gobierno del
presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) se acercaron como
nunca antes o después.
La corrupción congénita del régimen que se estableció después de la caída de Porfirio Díaz -una corrupción que estuvo presente
desde el inicio, pero que con el correr del tiempo se incrementó
hasta ser una de sus características centrales- y la ineficacia
e irresponsabilidad
de una burocracia a la que nadie le podía pedir
cuentas, impidieron que las instituciones que constituían
la red mínima de
seguridad de las clases populares funcionaran como debían.
Sin embargo, de algo sirvieron e impidieron que fueran
únicamente las fuerzas del mercado las que asignaran los
recursos de que podrían
disponer aquellos que formaban el ancho mundo de los
trabajadores del campo y la ciudad.
El paternalismo autoritario en que cristalizó el movimiento
de rebeldía iniciado
por Francisco Madero tuvo su culminación en lo
que José López Portillo llamó "el último gobierno
de la Revolución".
En 1982 se inició el desmantelamiento de la peculiar "economía moral" que hasta entonces había existido.
Un Estado quebrado
dedicó el grueso de su energía a disminuir el déficit y a
dejar que el grueso de la sociedad diseñara y aplicara
sus propias estrategias
de supervivencia. Así, por ejemplo, cada vez más
miembros de la familia fueron lanzados al trabajo formal
o informal para impedir que el ingreso de los hogares disminuyera en la
misma medida en que
cayó el poder adquisitivo del salario; la migración a
Estados Unidos se convirtió en una fuente fundamental para
el sostenimiento
de ciertas comunidades que de otra manera no habrían
podido sobrevivir; el crimen organizado es hoy una actividad central de la economía y el narcotráfico sigue floreciendo
indiferente a la lucha en su contra. Pese a lo anterior,
la pobreza extrema
ha aumentado en términos relativos y absolutos. De los 17
millones de extremadamente pobres de los que se habló en
1989 al iniciarse
el Pronasol, se pasó a los 24 ó 25 millones calculados por Santiago Levy, de la Secretaría de Hacienda, a los 26 millones
de los que habló Enrique del Val al dejar la Secretaría
de Desarrollo Social,
para llegar incluso a los 50 millones que se
reportan en las cifras del Inegi (Julio Boltvinik, "La
Jornada", 16 de octubre).
Si alguna vez la Revolución creó un tipo de economía moral,
hoy ya no queda nada
salvo eso que llaman "Progresa" y que, en la
práctica, no modifica la situación de los pobres (véase,
"Masiosare", "La Jornada", 15 de noviembre).
El rompimiento en 1982 de
lo que quedaba del pacto entre gobernantes y las clases
populares, llevó, entre otras cosas, a la insurgencia electoral
de 1988, a la formación
del PRD y al estallido de las rebeliones
chiapaneca y del EPR.
En la Inglaterra examinada por el profesor Thompson, la
economía moral no volvió a resurgir sino hasta la segunda
postguerra, con el "Estado Benefactor".
Pero
éste no duró mucho, pues Margaret Thatcher casi lo
desmanteló y aunque hoy los laboristas tratan de revivirlo,
aún no logra recuperar
la energía perdida. En México hoy no hay siquiera
la idea de volver a algún tipo de economía moral. El PRI
ya no es la fuerza
todopoderosa que alguna vez fue, pero sigue controlando a
la mitad del electorado y con eso le basta para mantener
la decisión presidencial
de sostener a la ley de la oferta y la
demanda como el principio guía de su política. Y aun si el
presidente decidiera otra orientación, las fuerzas externas
le dificultarían seguirla.
Por ahora, y desafortunadamente, no hay posibilidades de pensar en una economía moral para México.-
L.M.- México, D.F.,
noviembre de 1998
