Publicación del sábado 30 de septiembre de 2000

Nueva ofensiva

La Constitución

Luis Javier GARRIDO

     Los intereses más conservadores del país incrustados en el  próximo gobierno, en vez de desmantelar al sistema priísta, lo que  están buscando ahora en una nueva ofensiva es desmantelar, por el  contrario, a la Constitución de 1917, y ante la gravedad de esta  situación muy pocos parecen darse por aludidos.

 1. La pretensión del gobierno que encabezará Vicente Fox de modificar  de manera sustancial la Constitución General de la República e  incluso de expedir otra Constitución que sustente al nuevo régimen  político, tal y como lo hizo público Porfirio Muñoz Ledo en nombre de  la Mesa de Reforma del Estado ("Proceso" 1247 y "Reforma" del 25 de  septiembre), constituye un verdadero escándalo, no sólo por la vía  antidemocrática que se pretende seguir para imponerle estos cambios  fundamentales al país, sino por el probable contenido de los mismos,  dada la composición de la citada Mesa, y que ya se anuncia  olvidándose que el próximo gobierno se ha asumido como de transición  y que, por lo mismo, no tiene legitimidad alguna para un cambio de  estas dimensiones.

 2. El mecanismo propuesto para modificar la Constitución es en extremo  preocupante, ya que, según estas informaciones, los tres académicos  que redactaron el proyecto, carentes de la mínima cultura jurídica,  están proponiendo nada menos que modificar previamente el Artículo  135 para suprimir la intervención de las Legislaturas estatales en el  proceso de reformas a la Constitución, a fin de que sean los partidos  políticos en una negociación cupular con el gobierno los que, en "una  nueva Comisión", aprueben los cambios que serían enviados al pleno de  las Cámaras. Sin proceso alguno de discusión pública, estos cambios  se presentarían a la ciudadanía para ser convalidados, culminando así  ese mecanismo elitista que conduce de manera inevitable a fortalecer  la tendencia a la partidocracia, a la que acudieron tanto Salinas  como Zedillo ante el proceso de descomposición del PRI.

 3. La soberanía nacional reside en el pueblo, según el Artículo 39,  pero para los autores de esta propuesta la soberanía debe residir en  las elites políticas y empresariales de México, que pretenden  arrogarse el derecho de modificar la Constitución a su antojo,  cuantas veces sea necesario, borrando de unos cuantos plumazos la  historia nacional.

 4. La Constitución Mexicana, parece olvidarse, es, a pesar de todas  las limitaciones que tuvo de origen y de más de 400 modificaciones  que le hicieron 16 gobiernos en poco más de 70 años, un producto de  nuestras luchas sociales y su contenido no puede seguirse manoseando  de manera impune como lo hicieron esos 16 gobiernos sustentados en el  partido de Estado, que le impusieron a espaldas de los mexicanos  múltiples cambios desafortunados, cuando no verdaderas  contrarreformas.

 5. Los partidos políticos no tienen, por otra parte, legitimidad  alguna para meterle mano a la Constitución en arreglos cupulares y a  espaldas del pueblo mexicano, como lo hicieron impunemente a lo largo  de los sexenios de Salinas y de Zedillo, ni mucho menos para producir  una nueva Constitución, como pretenden hacerlo, y para lo cual sus  legisladores no fueron electos. No se puede desconocer que los  diputados y senadores del PRI y del PAN votaron casi sin excepción  todas las contrarreformas neoliberales de los sexenios de Salinas y  de Zedillo, y que los del PRD no se quedaron atrás en muchos casos  trascendentes: como la contrarreforma al Artículo 3o. de 1990, por la  cual se buscó abrir la vía para la privatización de las universidades  públicas.

 6. El aspecto más curioso de este proceso que la burocracia gobernante  está llamando "la transición mexicana" no lo constituye el hecho de  que la misma se halla en manos de representantes del "antiguo  régimen", que en los últimos años negociaron la reconversión  neoliberal del Estado mexicano, sino que lo que parece buscarse es  sobre todo profundizar la reconversión neoliberal del Estado  mexicano, es decir acentuar las políticas monetaristas de  desregulación impuestas por los organismos financieros  internacionales. No es de extrañar por ello que, de acuerdo con lo  que se ha informado, la mayor parte de las propuestas de los notables  de esta Mesa estén siendo para modificar además de algunos principios  de contenido político, los artículos 3o. (educación) y 27 (tenencia  de la tierra). Es decir, que tras una aparente reforma política  democrática, lo que aparece es la tendencia de sentar las bases para  legitimar al Estado neoliberal.

 7. El nuevo gobierno no puede tener consenso alguno para hacer nuevas  contrarreformas a la Constitución, pues si bien el gobierno de  Washington y los sectores conservadores del país pretenden que  se  promulgue aquí un marco constitucional neoliberal, amplios sectores  de mexicanos siguen defendiendo una carta constitucional en la que se  consignen los derechos individuales y sociales de los mexicanos, se  rectifiquen las contrarreformas salinistas y se someta a los  gobernantes al control de la sociedad y a la fuerza de la Ley.

 8. La iniciativa de Vicente Fox para modificar la Constitución  mexicana pone así, una vez más, de relieve algo que muchos han  querido desconocer, y es el hecho de que ni el PAN ni el PRD tuvieron  durante la campaña de 2000, ni tienen ahora, un proyecto de  transición, y que a) como partidos políticos funcionales al FMI y al  Banco Mundial, han aceptado seguir modificando las leyes mexicanas a  fin de facilitar la preminencia de las trasnacionales para mantener  el mismo modelo económico, además de que, b) acostumbrados a los  arreglos y componendas por debajo de la mesa, en lo político sólo  plantean una recomposición del "sistema" de dominación en el que se  garanticen los intereses económicos dominantes y sólo haya un  reacomodo de los actores.

 9. La supuesta transición "de terciopelo" está quedando de tal manera  en un simple reacomodo de los grupos tradicionales al pretender  desconocerse, por la connivencia de intereses existentes, que en el  caso de México las estructuras antidemocráticas se han sustentado  esencialmente no en el régimen constitucional sino en un sistema  político y económico de facto. Por eso es prioritario desmantelar ese  sistema antes que pretender modificar las leyes: prohibiendo al  Partido de Estado, acabando con el corporativismo, estableciendo  tribunales independientes, revisando las privatizaciones de los dos  últimos sexenios, recuperando para la Nación lo que está en manos del  salinismo, aplicando la ley y enjuiciando a cientos de criminales de  Estado, retirando al ejército de las comunidades indígenas de  Chiapas, terminando con las prácticas de corrupción de siete  décadas.

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