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Publicación del miércoles 7 de febrero de 2001
El presidente Vicente Fox propuso a los mexicanos revisar y actualizar la Constitución “sin abolir la historia”. No se trata de dar un viraje de 180 grados, volver la espalda a todo el pasado y recomenzar en una nueva dirección, sino de aprovechar lo positivo, ratificar lo valioso, reformar y añadir lo que en la práctica ha sido deficiente y rejuvenecer, reconstruir, renovar, poner al corriente. Es un trabajo para muchos y una tarea para todos, que se plantea sin fechas fijas ni plazos establecidos de antemano. Lo completo y acucioso del ofrecimiento que el presidente puso en la mesa revela una labor de estudio, de análisis que tiene que haber durado meses y habrá estado a cargo de gente responsable, conocedora del tema y dedicada. Se hizo con el sigilo laborioso con que en esta administración se llevan a cabo las obras de grande importancia: decenas de constitucionalistas deben haber sido consultados; se les habrá escuchado, preguntado, debatido y atendido; se habrá oído a especialistas en opinión pública, en historia, en cuestiones sociales... y hasta donde se sabe, nada se filtró. El proyecto estaba en la mente de muchos —en los 84 años que han transcurrido desde 1917 se hicieron alrededor de 400 cambios, muchos de ellos durante “la docena trágica”— pero sólo se había llevado al público en la forma de observaciones de protesta, de quejas cotidianas acerca de las repetidas violaciones a la Carta Magna; había un consenso general en el sentido de que era necesario y conveniente estudiar hasta el fondo y hacer una revisión mayor, pero sólo unos cuántos se habían atrevido a decirlo en voz alta. La proposición del presidente Fox abarca prácticamente a todo el texto constitucional. En su discurso, el mandatario empezó por señalar lo relativo al artículo 83 (no reelección del ejecutivo), al tercero (educación laica y gratuita), al 130 (estado laico); al 39, al 40 y al 49 (sistema representativo, división de poderes, pacto federal) y al 115, un apartado que se incluyó en el texto firmado por el Presidente Carranza, pero que se ignoró por más de sesenta años, hasta que la oposición moderada empezó a ganar posiciones de elección popular y obtuvo la fuerza electoral y política para conseguir que se reformara la distribución de los recursos federales, que hasta entonces estaba en 80-16-4, que señala porciones para el gobierno central, los estados y los municipios. La lucha por el control de los presupuestos presentó incidentes que pintaron con toda nitidez el ascenso del poderío de la oposición panista y, al mismo tiempo, la pérdida del poderío con que la dictadura priísta había mantenido intocable “la fortaleza de los billetes”, como se le llamó al reparto que le daba 80% del total del dinero disponible al gobierno del centro, 16% a los 28 ó 31 estados y al Distrito Federal, y menos de 5 centavos de cada peso para más de dos mil quinientos municipios. Una asignación con esas características fue atacada desde el priísmo sólo una vez que se tenga memoria, en 1960, y los diputados que incurrieron en “semejante torpeza política” recibieron reprimendas en algunos casos y hasta el ostracismo en otros; el asunto se ignoró o se trató sólo en murmullos hasta que, en la década de los noventa, los panistas lo trajeron de nuevo al debate, pelearon por él y lo ganaron. Y el PRD se puso feliz. La intención del presidente por establecer sólidamente la democracia se hace evidente en algunos ofrecimientos: el que se refiere al artículo 41 (igualdad electoral), a la ratificación por el Congreso del nombramiento de los secretarios de estado; a la posibilidad de abrirle un juicio político al Presidente de la República; a la fiscalización que el Poder Legislativo debe hacerles al Ejecutivo y al Judicial; al establecimiento del referéndum, del plebiscito y el derecho a votar de los mexicanos residentes en el extranjero. El equipo del presidente Fox fue cuidadoso. Mencionó la división de poderes, el sistema representativo y el régimen federal; habló de los primeros artículos, que contienen los derechos individuales; del establecimiento del servicio civil de carrera, aunque con la prohibición para que los legisladores se reelijan en dos períodos sucesivos. Ha sido hasta ahora —y apenas hemos llegado al planteamiento— una faena muy amplia y muy extendida, pero no completa; para acabar de integrarlo será necesario que se escuchen las voces, las peticiones, las exigencias, de millones de mexicanos. Y cuando muchas de las opiniones de grupos, de sectores y de personas hayan llegado, será indispensable que los juristas y los legisladores hagan a un lado la paja de lo imposible y lo inconveniente y se queden con los granos valiosísimos de lo que podemos hacer, de aquello a lo que podemos aspirar. De esos granos surgirá, para que lo cultiven nuestros hijos y nuestros nietos, el México del futuro.— E.J.T.— México, D.F., febrero de 2001. Correo electrónico: ernestoteissier@aol.com |
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