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Publicación del lunes 5 de febrero de 2001
Hoy cumple 84 años la Constitución de Querétaro. La festejará el propio presidente Vicente Fox Quesada, quien dirá el discurso conmemorativo. No suele ocurrir que el propio titular del Ejecutivo sea el orador en esta fecha, pero es claro que la de hoy se sumará a las mutaciones ya ocurridas y por venir en la forma de recordar los fastos nacionales. El 6 de enero, por ejemplo, el mandatario no encabezó en Veracruz la más rutinaria que tradicional celebración agraria. Dejó que su secretaria del ramo, María Teresa Herrera, presidiera el acto en aquel puerto, mientras que encomendó al de Agricultura, Javier Usabiaga, ser testigo de la ceremonia que organizó en la ciudad de México la Confederación Nacional Campesina (el único de los tres sectores del PRI que prueba que hay vida en ese partido después del dos de julio). También mudará la sede de la recordación de hoy. No será Querétaro, cuna de aquel documento, una especie de altar para las oblaciones constitucionalistas, sino la capital federal. En buena hora se adoptó tal decisión, porque hubiera podido reeditarse el feo episodio de 1998. Una mala combinación de descontento agresivo y pésimo resguardo presidencial originó que el autobús que conducía al gabinete federal corriera el riesgo de un ataque, pues se obturó la presentación de inconformidades al Presidente de la República. Todavía están presos por esa razón dos de los dirigentes del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas, cuya libertad ha sido solicitada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto con otra persona en Tabasco y decenas en Chiapas, como señal de que el nuevo gobierno quiere en efecto dialogar. Como lo explicó el comisionado para la paz, don Luis H. Alvarez, tal liberación depende en muy pocos casos del presidente Fox Quesada. El de los presos queretanos corresponde a la competencia local, y el gobernador Ignacio Loyola Vera anticipó su renuencia a facilitar la excarcelación de quienes, en cierto modo, lo hicieron quedar mal ante los secretarios de Estado cuando apenas inauguraba su administración. Sólo tal negativa habría bastado para que el zapatismo queretano aprovechara la cita constitucional a efecto de repetir su protesta. Por añadidura, la posición de Loyola Vera —sorprendente para quienes conocen y aprecian su mesura— ante la caravana zapatista que empezará a caminar dentro de tres semanas, empeoró el ambiente en los reducidos círculos que no comparten el conservadurismo del gobernador. Tal vez se le citó fuera de contexto en su referencia a la pena de muerte aplicable a los zapatistas como traidores a la patria. El EZLN es un ejército reconocido por la ley del diálogo y conciliación. Existe también, con status legal, la asociación filantrópica-religiosa llamada Ejército de Salvación; y no necesariamente de modo metáforico se llamó Ejército del trabajo una iniciativa de movilización auspiciada por el ex gobernador mexiquense Jorge Jiménez Cantú. Y como no estamos en “guerra extranjera”, de la que habla el artículo 22 constitucional, carece de sentido conjeturar los términos de su aplicación. Como también es ocioso que el gobernador Ignacio Loyola suponga que puede coartar el paso a los zapatistas, o a quien quiera caminar por tierras queretanas: el artículo 11 no permite dudar que “todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Así pues, resulta mejor que, por otros motivos, la ceremonia de hoy ocurra en la capital de la República y no en Querétaro. El discurso presidencial será una pieza importante, interpretará los signos de esta hora desde la perspectiva del nuevo poder y establecerá el programa de gobierno, dos meses después de la toma de posesión (con la nueva visión que sólo ese breve período obliga y permite tener) y antes de que se confeccione el Plan Nacional de Desarrollo. No es previsible que el Presidente aborde el tema de una nueva Constitución y menos aun que la anuncie. El relevo presidencial significó no sólo la sustitución de un partido por otro en el Poder Ejecutivo, sino también un cambio de régimen, circunstancia que suele ir aparejada con un nuevo ordenamiento institucional, una nueva Constitución. Así ocurrió, para tomar ejemplos a la mano, cuando Alberto Fujimori y Hugo Chávez echaron abajo las combinaciones de partidos que habían gobernado a Perú y a Venezuela en las décadas anteriores a su propia elección. El presidente Fox no podría caer en esa tentación por la peculiaridad de la transición mexicana, que no trasladó enteras las capacidades de decisión de un polo de poder a otro. Ninguna de las tres fuerzas políticas con mayor presencia en el Congreso federal puede ya por sí sola abordar una reforma constitucional, para lo cual se requiere el voto de dos terceras partes de los miembros de cada cámara, si ni siquiera cuenta con mayoría relativa. Y una enmienda, ya no digamos una nueva Constitución, que no cuente con el asentimiento del PRI, podría ser frenada en los congresos locales, pues ese partido controla aún más de la mitad de las 31 legislaturas estatales, cuyo voto es necesario para la operación del Congreso Constituyente. Fox mismo, y un sector de sus apoyadores, desearán impulsar una reforma del Estado cuyo contorno se delineó en una colosal mesa de discusión. La conversión de sus metas en fines constitucionales, sin embargo, requiere consensos cuya construcción demanda tiempo.— M.A.G.Ch.— México, D.F., 4 de febrero de 2001. |
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