La pena de muerte Iniciativa
en el Congreso
Por:
Jorge Carlos ESTRADA AVILES
Con
gran interés y esperanza de que prospere, nos enteramos
en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión del pasado 27 de marzo que el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, que incluye
a la diputada yucateca Silvia América López Escoffie,
presentó una iniciativa de reformas a los artículos
14 y 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), con el propósito de derogar la
pena de muerte. La iniciativa no puede calificarse sino de valiente,
en momentos en que existe un gran debate respecto del problema
de la seguridad pública en nuestro país y en el
que tirios y troyanos hablan con locuacidad, pero sin la información
suficiente, de las formas para solucionar la grave inseguridad
que prevalece en muchas partes del país, saliendo casi
siempre a colación el tema de la pena de muerte o pena
capital al que se acude buscando la salida fácil y atractiva,
políticamente hablando, de pedir que se legisle para reinstaurarla,
ya que ningún Código Penal de la República
prevé la imposición de esta sanción que está
prevista únicamente en el Código de Justicia Militar
para algunos delitos tales como los de traición a la patria,
espionaje, piratería, rebelión y otros más
aplicables a los miembros del orden castrense. En la exposición
de motivos de la iniciativa de la legisladora yucateca, se hace
referencia a las opiniones de prestigiosos juristas como Raúl
Carrancá y Trujillo, Alfonso Quiroz Cuarón e Ignacio
Luis Vallarta, entre otros, que se pronuncian contra la pena capital
e igualmente se cita el estudio realizado por el Departamento
de Estudios Económicos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que detalla las realidades e implicaciones
negativas de su aplicación. Al margen de muchas consideraciones
de tipo jurídico que podrían hacerse respecto de
este polémico tema y dada la constante referencia que para
muchas cuestiones económicas y políticas se hace
de nuestro vecino país del Norte, debemos asomarnos, aunque
sea en forma somera, a la realidad de las consecuencias que en
los Estados Unidos de América (EUA) ha traído la
aplicación de la pena de muerte. Según un estudio
realizado por el periódico New York Times, publicado el
22 de septiembre del año 2000, de los 50 estados que conforman
los EUA, en 12 de ellos y en el Distrito de Columbia no se ha
adoptado la pena de muerte como sanción a los delincuentes;
en los restantes 38 estados existen leyes que regulan la aplicación
de la mencionada pena capital.
Curiosamente
en 10 de los 12 estados sin pena capital, el índice de
homicidios se encuentra por debajo del promedio nacional, según
informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), misma
oficina que reportó, por otra parte, que la mitad de los
estados que aplican la pena capital (19) tienen índices
de homicidios por arriba de la media nacional. Por otra parte
y en un análisis comparativo, estado por estado, el mismo
estudio arrojó que durante los últimos 20 años,
el índice de homicidios en estados que aplican la pena
de muerte fue superior entre un 48 a un 101 por ciento respecto
de los estados que no cuentan con leyes que permitan la aplicación
de la pena capital. Los datos anteriores, echan por tierra el
argumento que muchos esgrimen para justificar la aplicación
de la pena de muerte, de que ésta tendrá un efecto
intimidatorio sobre el delincuente, ya que la realidad del país
que se autoproclama "campeón en la defensa de los
derechos humanos", nos dice exactamente lo contrario. Por
otra parte, los países que conforman la Unión Europea
(UE) acaban de abrir para su firma, el pasado día 3 de
mayo, el protocolo número 13 del Convenio Europeo sobre
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, mediante el cual
se establece la prohibición absoluta de la aplicación
de la pena de muerte en cualquier circunstancia y sin excepción
de ninguna clase, mismo que complementa y amplía el protocolo
número 6 del mismo Convenio, que igualmente establecía
la prohibición de aplicación de dicha pena capital,
pero la permitía sin embargo en tiempos de guerra. Con
dicho protocolo 13, que entrará en vigor tres meses después
de la aceptación y firma de diez países miembros,
la UE pretende crear lo que llaman orgullosamente una "zona
libre de la pena de muerte". Conocer y analizar la realidad
de los países que aplican la pena de muerte es un deber
mínimo de responsabilidad de los políticos mexicanos,
antes de proponer su implantación como la solución
al problema de inseguridad del país, así como considerar
la realidad de la globalización en que nos encontramos
inmersos, de donde resulta que mientras los países europeos,
víctimas de terrorismo y otros delitos que atentan contra
la humanidad y que también son nuestros socios comerciales,
avanzan en la construcción de una zona libre de la pena
capital, algunas voces irresponsablemente proclaman su reinstauración
en nuestro país, lo que constituiría un grave retroceso,
que sería visto como tal por la comunidad de naciones.
Esperamos
que la iniciativa comentada sea aprobada para suprimir de una
vez y para siempre del texto constitucional, la posibilidad de
la aplicación de la pena de muerte en nuestro país
y al mismo tiempo nos dejaría en aptitud de firmar el "Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte"
de la ONU que hoy, por el contenido del artículo 22 de
la CPEUM que establece la posibilidad de aplicar la pena de muerte
a ciertos delitos, nos impide hacerlo. Para concluir e invocando
el pensamiento del Doctor Luis de la Barreda Solórzano,
quien fuera ejemplar ombudsman del Distrito Federal debemos considerar
que: "Solo desde una trinchera troglodita puede invocarse
la pena de muerte. El cerebro humano creció como las pirámides
americanas: una mayor y más bella capa sobre la antigua
que soporta la nueva. La última, la corteza cerebral, es
la responsable, entre otras cosas, de la poesía, la filosofía,
la medicina, la ética, la música y los derechos
humanos, entre ellos el respeto a la vida y a la integridad personal.
Bajo esa capa coexisten la del simio y la del reptil. La razón
apacigua y contiene a estas dos, tranquiliza su miedo, detiene
su agresión. Pero el cerebro del reptil sigue allí.
Es precisamente de ese compartimiento de donde provienen las voces
en favor de la pena de muerte y, en general, los ataques a los
avances civilizatorios".-
J.C.E.A.-
Mérida, Yucatán, mayo de 2002.
